El reciente avance del proyecto de ley conocido como “Muerte Digna” en Uruguay revela un camino cada vez más resbaladizo en materia bioética. La Cámara de Diputados ya ha dado luz verde en primera lectura a una iniciativa que pretende autorizar la eutanasia activa y el suicidio asistido, con plazos sorprendentemente reducidos para su ejecución. Si el Senado aprueba la propuesta, bastarían apenas cinco días desde la solicitud de un paciente para aplicar una inyección letal, lo que convertiría a Uruguay en uno de los países con los procesos más veloces de legalización de la muerte provocada.
Aunque el proyecto presenta una serie de condiciones técnicas que pretenden darle apariencia de rigor —votaciones médicas, plazos de espera, revisión del historial clínico— el riesgo real se esconde en las ambigüedades del lenguaje legal. Términos clave como “sufrimientos insoportables” quedan sin definición precisa, lo que abre la puerta a interpretaciones amplias y arbitrarias. Además, no se exige un umbral mínimo de gravedad ni especialización médica obligatoria para quienes deberán intervenir en estos procedimientos, lo que debilita cualquier garantía real de control.
Otro punto preocupante es la escasa protección para quienes, por convicciones éticas o religiosas, se nieguen a participar en la práctica. Aunque se menciona la objeción de conciencia, no existen mecanismos sólidos para garantizarla a largo plazo, y el riesgo es que termine reducida o anulada ante la presión institucional por normalizar la eutanasia como un “servicio médico” más.
Aún más inquietante es que el texto legal califica la eutanasia como “muerte natural” y define la “muerte digna” como morir “sin dolor”, cuando la intervención activa para causar la muerte contradice profundamente estas nociones. Se diluye así la distinción entre morir y ser matado, en un contexto donde la rapidez del procedimiento podría llevar a errores irreversibles o a presiones sobre pacientes vulnerables.
Lo que comenzó como una propuesta en nombre de la compasión hacia quienes sufren corre el riesgo de transformarse en una vía legal para acelerar la muerte, debilitando la protección de los más indefensos. La combinación de plazos mínimos, definiciones vagas y falta de salvaguardas éticas configura un escenario alarmante que merece un debate profundo y responsable, lejos de toda precipitación legislativa.
